La privación ilegal de bienes propiedad del Grupo México en el Istmo de Tehuantepec con el argumento de una “ocupación temporal” por causas de “seguridad nacional”, sin fijar un plazo para pagar la debida indemnización de la ley, además de las violaciones flagrantes al T-MEC, constituye otra señal ominosa más para la colosal marca México y para la comunidad financiera nacional e internacional.
A la caterva de morenistas les tiene sin cuidado lo dispuesto por el artículo 14 constitucional : “Nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho.”
El caso Larrea constituye una clara advertencia para la sociedad mexicana, ya que con cualquiera otra justificación “legal”, también ingrávida, podría ver invadidas sus propiedades, sus casas habitación o sus negocios, al más puro estilo chavista, o hasta presenciar la injerencia de la Guardia Nacional en las casillas electorales para garantizar el éxito de los candidatos nombrados por AMLO.
Los venezolanos nunca pensaron que Chávez llegaría a los extremos de vileza que padecieron y padecen, pero para su horror y desgracia, sufrieron la “transformación” hasta ver convertido a su país en ruinas, misma “transformación” involutiva que López Obrador pretende imponer en México.
Sería candoroso afirmar que AMLO y sus legisladores incondicionales, supuestos “representantes de la nación”, además de los 3 ministros de la corte, coautores de la devastación nacional, ignoran lo dispuesto por la Constitución y las leyes que de ella emanan. Todos ellos conocen las reiteradas violaciones a la legalidad y al orden constitucional, por lo que son cómplices del plan diseñado para dinamitar nuestra democracia, para destruir la separación de poderes y los organismos autónomos, a la voz de “mandar al diablo a las instituciones”, a lo que seguiría la promulgación de una nueva Constitución de extracción socialista.
Todos, sin excepción alguna, cuchillo en mano y frente en alto, apuñalaron por la espalda a la nación, al defender el traspaso de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional, al apoyar que las obras suicidas de AMLO pudieran ser consideradas de seguridad nacional, al sostener la validez de las violaciones a los procesos legislativos en el congreso, como también coincidieron en crear una crisis institucional al impedir que el INAI cuente con el quórum necesario para sesionar y transparentar el destino del ahorro público o al impulsar el caos al secundar una consulta popular para que el pueblo elija a sus juzgadores. Por supuesto que dicha caterva de morenistas estará de acuerdo en el segundo “decreto” de AMLO orientado a ocultar el destino del ahorro nacional en sus mismas obras de infraestructura.
AMLO negó en la “Mañanera” que el nuevo decreto signifique incurrir en desacato ante una resolución dictada por la Corte, litis que no le corresponde dirimir a él como Jefe del Estado, sino a nuestro máximo tribunal, de acuerdo a sus facultades constitucionales para, llegado el caso, destituirlo.
Lo anterior no es producto de la ignorancia: el objetivo consiste en intimidar a los 8 ministros de la Corte, e impedir la deliberación de nuestro máximo tribunal, para acabar con la separación de poderes y volver al país de un solo hombre. Si se legisla y se emiten decretos al vapor es para instalar una trampa perversa en la que inevitablemente caerá la mayoría de la Corte, cuando, de acuerdo a la Constitución, deje sin efectos las iniciativas de AMLO, ilegales e indignas de su investidura, momento en que se invitará al “pueblo bueno” al linchamiento de nuestros jueces con el argumento de representar a un “Poder Judicial podrido, decadente y plagado de corrupción.”
Ninguno de los 3 ministros de la Corte a las órdenes de AMLO, al igual que la mayoría de legisladores y gobernadores morenistas, entre otros funcionarios más, imaginan que cuando el año entrante la oposición se haga de la mayoría calificada en el congreso, y se consolide nuestro Estado de Derecho, todos ellos serían sometidos a un juicio político para destituirlos y, en su caso, encarcelarlos. Ellos mismos están cayendo en la trampa…